Esta semana hemos conocido como un grupo de abogados ha realizado un recurso de inconstitucionalidad por la subida de precios al recurrir o realizar cualquier tipo de apelación en los juicios. Se ha elaborado esta nueva ley de tasas judiciales, con la que el Gobierno intenta aligerar la justicia.
Protestas tras la subida de tasas judiciales (vía teinteresa.es)
Álvaro Jiménez - Sevilla
Por tanto podemos hablar de una justicia
para ricos y otra diferente para pobres a partir del día 2 de enero si no se
remedia dicha norma. Toda esta nueva ley viene a significar que, para un
procedimiento normal, solamente por formalizar la demanda, se deberán abonar entre
150 y 200 euros. Si no se abona, no se va a tramitar ese caso.
Además, por un recurso de apelación hay que abonar 800 euros, en función de una sentencia que no se cumpla 200 euros, más un variable en función de la valoración de una vivienda por ejemplo, un 0,5%, por lo que una demanda normal al final se pone en 2.000 euros sólo de impuestos.
Además, por un recurso de apelación hay que abonar 800 euros, en función de una sentencia que no se cumpla 200 euros, más un variable en función de la valoración de una vivienda por ejemplo, un 0,5%, por lo que una demanda normal al final se pone en 2.000 euros sólo de impuestos.
Se trata de un coste más elevado que las minutas del abogado. Es
la primera vez que en un producto, o un servicio, es superior su impuesto al
coste de servicio, y ahí es donde radica la inconstitucionalidad. Manuel Pérez
Peña, representante de ese grupo de abogados, manifestaba lo siguiente: “Con la
nueva ley el Gobierno español pretende que se beneficie del valor de la
demanda, ¿qué tiene que ver un impuesto para acceder a la justicia con el valor
de lo que se reclama? Un juez no trabaja más por actuar en un caso de una
vivienda de 100.000 euros o por una demanda de 5.000 euros por un accidente, y
es ahí donde reside otro punto donde se tacha de inconstitucional esta nueva
norma”.
“La excusa es poder pagar los
costes de la justicia gratuita, pagar letrados o procuradores, algo que es muy
barato, por lo que esa excusa es falsa. La finalidad oculta es que las grandes
empresas van a tener los pasillos abiertos y los juzgados vacíos pudiendo
pleitear sin problemas. La ley tiene un trasfondo muy oscuro que acaba perjudicando
a los particulares”.
Todo acaba en que un ciudadano no
va a poder sufragar estos gastos, es que el 80% de los ciudadanos no van a
poder acceder a la justicia, será un lujo, por lo que tendrán que acudir a la
banca para pedir un préstamo, siempre que ese ciudadano consulte con su abogado
y vea que tras ganar el juicio podrá recuperar esa cuantía. Si sumamos los
costes de minutas de abogados y procuradores, cualquier pleito se pondrá entre
4.000 y 5.000 euros.
Por tanto, el único camino
posible es que el Defensor del Pueblo haga un recurso e intente que se
sustituya esta ley que convierte a la justicia en un lujo para la ciudadanía,
que muy pocos se pueden permitir. Algo que esperemos que se de pronto, ya que
la justicia es algo a lo que todos debemos tener pleno derecho.
Fuentes para la elaboración de la noticia:
www.elcorreodeandalucía.es
Radio Betis - Mercurio Verdiblanco
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www.elcorreodeandalucía.es
Radio Betis - Mercurio Verdiblanco
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